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La ley de Financiamiento Educativo, un proyecto impulsado por el propio ministro de Educación Daniel Filmus y avalado por los empresarios más importantes del país, ya tiene su entrada en el Congreso. Se trata una iniciativa clave para el sector, ya que prevé llevar el gasto en educación del 4% actual al 6% del PBI en 2010.
Con esta nueva normativa que ahora analizarán los legisladores nacionales, tanto el Gobierno nacional, como los provinciales, incluida la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se comprometerán a aumentar la inversión en educación, ciencia y tecnología a partir del año próximo.
El plan indica una mejora la eficiencia en el uso de los recursos con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza y fortalecer la investigación científico-tecnológica, reafirmando el rol estratégico de la educación, la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y socio-cultural del país.
Con esta ley cambiará incluso el origen de los aportes. Mientras hoy la Nación se hace cargo de sólo el 22% de las partidas y las provincias hacen lo propio con el 78% de los costos, para dentro de cinco años la brecha se achicará en favor de estas últimas: el Gobierno destinará el 40% y quedará en manos de las demás jurisdicciones el 60% del presupuesto restante.
Según se informó, igual aquellas provincias que no estén en condiciones de afrontar sus obligaciones podrán ser auxiliadas mediante financiamiento adicional. Pero si existen otras que no quieran entrar en el programa, la ley prevé que no recibirán partidas adicionales y deberán afrontar los gastos en educación tal como es hasta ahora.
Se cree que con la nueva ley se incrementará en 9 mil millones el monto, lo que significa para el ministro Filmus un paso clave que permitirá "resolver algunos temas de atraso histórico, como el salario de los docentes, la compensación de las desigualdades entre las provincias, la ampliación de la capacidad edilicia que permita incorporar a los chicos que están fuera del sistema educativo, apoyar el desarrollo científico y tecnológico en vinculación con el modelo nacional y fortalecer las escuelas técnicas, entre otros".
Qué se persigue
El incremento de la inversión en educación se destinará, prioritariamente, al logro de objetivos puntuales:
En el caso de las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires este incremento, cuyo financiamiento provendrá del aumento en la disponibilidad de recursos fiscales, se destinará prioritariamente a mejorar las remuneraciones docentes.
Asimismo, contribuirá a jerarquizar la carrera docente, garantizando su capacitación, y a adecuar los planteles docentes a fin de asegurar la atención de una matrícula creciente. Este último aporte se realizará por el plazo de 5 años con una asignación específica en los términos del inciso tercero del artículo 75 de la Constitución Nacional.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en su carácter de autoridad de aplicación de esta ley, definirá a través de convenios bilaterales con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las metas anuales a alcanzar durante los próximos cinco años, los recursos financieros que se asignarán para su cumplimiento y los mecanismos de evaluación destinados a verificar su correcta asignación.
A los efectos de dotar de una mayor transparencia a la gestión pública, la estructura programática del presupuesto anual de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá reflejar en forma separada los recursos -depositándolos en una cuenta especial-, de modo de facilitar su seguimiento, monitoreo y evaluación.
La Ley ha previsto la prórroga por el término de cinco años a partir del 1/01/2004 de la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente, creado por Ley N° 25.053, de modo de no alterar los procesos de recomposición salarial en marcha en las distintas jurisdicciones.
Fuente: UNCuyo